lunes, 25 de julio de 2011

HONDURAS : Batalla contra la homofobia




Alejandro F. Ludeña

Casi 40 personas LGBT han sido asesinadas los últimos dos años.

Mientras que cada 28 de junio la comunidad homosexual en todo el mundo celebra el Día del Orgullo Gay, en Honduras es considerada una fecha nefasta.

Cuarenta años después de que un grupo de homosexuales que se encontraban reunidos en un bar en la ciudad de Nueva York se resistieran al atropello policial, acto que ayudó notablemente a la defensa de los derechos civiles, ese día se produjo en Honduras el primer golpe de Estado del siglo XXI en el continente americano, que derrocó al presidente Manuel Zelaya (2006-2009) y al que siguió una escalada de violencia contra la población civil y particularmente contra la comunidad gay, que en muchos casos se ha saldado con la muerte.

Tristemente, el odio homofóbico en Honduras está fuertemente arraigado. Los ataques a los homosexuales ya eran preocupantes en Honduras mucho antes de la asonada golpista.

En mayo del 2009, un mes antes del golpe, un informe de Human Rights Watch, organización estadunidense defensora de los derechos humanos, establecía que la Policía se excedía en sus atribuciones y maltrataba sistemáticamente a las personas homosexuales.

El informe recomendaba al entonces gobierno de Zelaya “investigar de manera general el fenómeno de la violencia homofóbica y transfóbica y las denuncias concretas de brutalidad policial, extorsión y maltrato en contra de las personas LGBT [lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros] con el fin de identificar y sancionar a los responsables”.

No obstante, tras el derrocamiento de Zelaya estos crímenes se multiplicaron. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en el recuento que realizan las propias organizaciones hondureñas de defensa de la diversidad sexual, al menos 38 personas pertenecientes al colectivo LGBT han sido asesinadas desde el golpe. La mayoría de víctimas eran personas transgénero que ejercían la prostitución en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las principales ciudades del país.


Crímenes con móvil político

La razón de esta escalada violenta contra el colectivo LGTB no termina de estar clara ante la falta de investigaciones y la indiferencia social ante este tipo de crímenes. Hay quienes aseguran que se debe a la posición tomada por este grupo que salió a las calles al considerar que un golpe de Estado suponía un retroceso para la convivencia de las diferencias.

“Sabíamos lo que significaba un golpe de Estado y cómo nos perjudicaba. Por eso desde el principio nos manifestamos contra el mismo”, comentó para Noticias Aliadas Iván Banegas, coordinador general del Colectivo Violeta, grupo de defensa de los derechos de las personas LGBT.

De acuerdo a Banegas, otro problema tras el golpe de Estado fue la visibilidad que adquirieron.

“Tras el golpe, el Ejército y la Policía se cebó en especial con los transexuales, muchos de los cuales viven de la prostitución y estaban en la calle en medio de los toques de queda”, relata.

Uno de los asesinatos más relevantes fue el del joven Walter Trochez, el 13 de diciembre del 2010, asesinado a balazos mientras transitaba por el centro de la capital. Nueve días antes había sido secuestrado y torturado por sus captores que luego lo dejaron libre. Activista de derechos humanos, Trochez se destacó tras la ruptura del orden constitucional como una de las voces más autorizadas en la identificación de crímenes homofóbicos.

Para Sally Valladares, abogada del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), la mayoría de estos crímenes tuvieron un móvil político.

“La Policía se ha cebado especialmente con aquellos que defienden los derechos humanos, incluyendo activistas del colectivo LGBT”, dijo.

En el Examen Periódico Universal —análisis de la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lleva a cabo cada cuatro años—, realizado el pasado noviembre, el gobierno de Honduras reconoció la vulnerabilidad de la comunidad LGBT, comprometiéndose a un mayor esfuerzo para combatir su discriminación.

La ministra de Derechos Humanos de Honduras, Ana Pineda, afirmó en ese entonces que “la homofobia es un acto condenable desde todo punto de vista cuando lo realiza un particular, pero aún peor cuando por acción u omisión lo realiza un servidor del Estado”.


Presión internacional para investigar

Según Banegas, el gobierno del presidente Porfirio Lobo ha iniciado acercamientos hacia el colectivo LGBT. Representantes gubernamentales y de la comunidad gay se han reunido para discutir posibles adaptaciones al Código Penal de manera que la discriminación por diversidad sexual sea sancionada explícitamente.

Donny Reyes, coordinador de la Asociación Arcoiris, que agrupa a personas LGBT, es más escéptico sobre el impacto de estas conversaciones.

“Hoy por hoy no hay nada en concreto para superar la discriminación que sufrimos”, declaró a Noticias Aliadas.

Por otra parte, los crímenes contra homosexuales y periodistas —once periodistas han sido asesinados entre marzo del 2010 y mayo del 2011—, han despertado la atención del gobierno de EEUU, cuya embajada ha realizado constantes llamados a las autoridades hondureñas e incluso ha enviado agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI), a petición del presidente Lobo, para ayudar a las investigaciones sobre asesinatos de ambos grupos vulnerables.

Si bien algunos parlamentarios, como el democristiano Orle Solís, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, consideran ese tipo de medidas como un indicativo de que existe voluntad del Estado para combatir los crímenes de odio, Reyes cree que no son más que operaciones de maquillaje.

El coordinador de Arcoiris atribuye a la capacidad de incidencia del Departamento de Estado de EEUU las incipientes investigaciones que se están haciendo para aclarar los crímenes.

“Pero cuando se marchen los del FBI, aquí seguiremos igual o peor”, dijo a Noticias Aliadas.

Valladares, por su parte, cree que no existe una auténtica voluntad política para esclarecer estos crímenes. Lo que se evidencia es “una reacción a la presión internacional, pero definitivamente el respeto y la protección a la comunidad LGTB no está en la agenda de este gobierno”, expresó.

Falta por saber si otros grupos políticos, como el recién surgido Frente Amplio, brazo electoral del Frente Nacional de Resistencia Popular formado por opositores al golpe, serán capaces de enfrentar con autenticidad un comportamiento homofóbico profundamente arraigado en el imaginario hondureño.

Como dice Reyes: “Incluso dentro de la Resistencia, donde estamos y queremos estar, habrá que trabajar mucho para vencer la homofobia”.

De lo que no cabe duda es que esta batalla por la tolerancia que libra el colectivo LGTB no afecta sólo a sus miembros. En una sociedad asentada sobre el irrespeto a las diferencias y el autoritarismo de los caudillos políticos, la batalla por el respeto de la diversidad sexual es punta de lanza para vencer la intolerancia.

“Se trata de una lucha contra todo tipo de discriminación”, recalca Banegas. “No sólo buscamos cambios para nuestro colectivo, sino para el conjunto de la hondureñidad”.

 

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